29 nov 20212 Min. de lectura

Inteligencia artificial y el derecho

La INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) o la capacidad que tiene un ordenador, robot o máquina virtual, de procesar información en forma similar al ser humano con fundamento en algoritmos.

Las máquinas actualmente son capaces de aprender de la experiencia gracias al machine learning, o disciplina del campo de la Inteligencia Artificial que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones (análisis predictivo).[1] Este aprendizaje permite a los computadores realizar tareas específicas de forma autónoma, es decir, sin necesidad de ser programados.

La utilización de la IA y sistemas expertos es cada vez más frecuente en numerosas disciplinas y el Derecho, no es la excepción. Gracias al IA apareció el concepto LegalTech o la aplicación de IA a los problemas jurídicos.

El objetivo de la inteligencia artificial aplicada al derecho es complementar la actividad de abogados, procuradores, jueces y demás profesionales del derecho, para funcionar como un apoyo en el campo jurídico. En IA existe una rama de la informática jurídica llamada Decisoria o Meta documental, a través de la cual se apoya en la toma de decisiones, a través de sistemas de inteligencia artificial que ofrezcan soluciones a ciertas problemáticas jurídicas. Por ejemplo, pueden redactarse documentos partiendo de pocas premisas, y corregirse errores ortográficos y gramaticales, mediante procesos informáticos.

La inteligencia artificial, más avanzada es materializada a través de sistemas expertos que estructuran conocimientos especializados, obteniendo conclusiones a partir de la información que se les suministra. Generalmente bajo la modalidad “pregunta-respuesta”, facilitando la toma de decisiones.

En general, en el Derecho, es muy útil contar con la inteligencia artificial por ofrecer numerosas ventajas para los despachos legales, como por ejemplo:

La utilización de la tecnología en los procesos jurídicos.
Renovar el sector legal y acercar el conocimiento del mismo al colectivo social.
Facilitar el aprendizaje de leyes, normas, términos y conceptos jurídicos.
Reducir el tiempo que se emplea en trámites, investigación de documentación o recolección de pruebas.
Organizar la información legal disponible de forma eficiente y automatizada.
Liberación de tareas mecánicas en el procesamiento de información a mayor velocidad y exactitud.
Contribuir a la elaboración de conceptos más precisos y rigurosos para que puedan ser interpretados correctamente por la IA.
Resolver casos con mayor eficacia aplicando la lógica jurídica.
Optimizar los resultados en términos de productividad, competitividad y transparencia.[2]